sábado, septiembre 11, 2010

Los expertos reclaman más transparencia y control judicial en los contratos públicos en Asturias

Especialistas en derecho administrativo lamentan que la ley no favorezca la presentación de recursos a contrataciones de la Administración - Jaime Reinares carga contra el Síndico Mayor y le acusa de «incumplir su obligación de llevar ante los tribunales las ilegalidades detectadas»

01:59 Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
Publicado HOY en LNE.- La Nueva España el Diario Independiente de Asturias

Más transparencia y controles judiciales. Éstos son los condimentos esenciales de la receta que ofrecen los expertos en derecho administrativo consultados por LA NUEVA ESPAÑA para mejorar los procesos de adjudicación de contratos públicos. El modelo que se sigue en el Principado en las adjudicaciones está en tela de juicio por la supuesta contaminación política de los responsables de decidir quién se lleva los contratos. Colectivos y sindicatos de funcionarios y hasta un letrado del Servicio Jurídico del Principado coinciden en señalar que en las mesas en las que se deciden las adjudicaciones de la Administración autonómica participan, casi en exclusiva, cargos nombrados a dedo por los consejeros de turno, lo que incrementa las sospechas y el riesgo de dirigismo.

Aunque acaba de aprobarse una reforma de la ley de Contratos del Sector Público, urgida por la Unión Europea (UE), los especialistas con los que ha hablado este diario sostienen que los cambios introducidos en el texto resultan «insuficientes» para garantizar los principios esenciales que se esperan en toda contratación pública: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia e igualdad de trato. A su juicio, y entre otras cosas, se echan en falta mayores garantías para quienes se decidan a presentar recursos contra una determinada adjudicación y que, llegado el caso, estas demandas se vean en el ámbito judicial y no por tribunales administrativos dependientes del propio organismo contratante.

El abogado Jorge Álvarez González parte de la base de que «aunque la ley establezca una serie de principios para velar por la limpieza de los procesos de contratación, lo cierto es que tiene muchas carencias como para que la práctica sea escrupulosa». Y, según destaca, éste es un problema «especialmente grave» en unos tiempos de crisis en los que la licitación pública puede convertirse en tabla de salvación para numerosos empresarios. A la hora de poner ejemplos de «las quiebras» que aprecia en la legislación vigente, cita la «ineficacia del sistema de recursos, incapaz de corregir con rapidez y garantía una contratación irregular». En último término, este especialista denuncia que «lo que se trata de evitar es que las adjudicaciones sean hechos consumados o que, en el mejor de los casos, lo que obtenga quien recurre sea una indemnización».

Este letrado también sostiene que lo que se necesita es una legislación que permita la suspensión automática y no restrictiva de contratos, y que los recursos se vean en los tribunales y no estén en manos de órganos dependientes de quien cometió la eventual infracción. Es más, el abogado no ve problema en que se pongan en activo nuevos juzgados o que se les dote de más medios. «Prefiero más juzgados a más administración», sentencia.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Alejandro Huergo Lora mantiene unas tesis muy similares a las de Jorge Álvarez, por lo menos a la hora de reclamar un mayor control judicial de las contrataciones públicas, algo que considera «imprescindible», pero que estima insuficiente en la legislación vigente. A este respecto, lamenta que la reforma de la ley de Contratos del Sector Público que se acaba de aprobar «no intensifica los controles judiciales, sino que crea nuevos órganos administrativos que no resultan útiles». Esta situación hace que el profesor sostenga que, en realidad, «no hay interés alguno en dotarnos de las armas necesarias para que los controles resulten realmente eficaces».

El profesor considera «evidente» que el hecho de que «apenas haya empresas que decidan recurrir las adjudicaciones prueba que el sistema de control actual está fallando».

Oviedo, J. A. O.

El teniente de alcalde de Oviedo y diputado nacional del PP, Jaime Reinares, acusó ayer al «régimen de Areces» de «haber convertido el presupuesto regional en un coto privado de caza, montando toda una estructura de cargos a dedo y de chiringuitos». Además, a su juicio, el Ejecutivo ha encargado a «dos viejos dirigentes socialistas», Avelino Viejo, Síndico Mayor, y Rosa Zapico, su secretaria técnica, «el trabajo más sucio, consistente en mirar para otro lado, incumpliendo su obligación de llevar ante los tribunales las ilegalidades detectadas». Para el dirigente popular, «sin la complicidad de Avelino Viejo todo este tinglado no sería posible, puesto que debería sentar ante los tribunales a varios altos cargos socialistas -como indican los propios informes de la Sindicatura de Cuentas, que él mismo preside-, pero no lo hace porque para eso le ha puesto Areces al frente de esa institución, cuyo crédito ha destruido». Es más, en esta misma línea, Reinares sostiene que «algo huele a podrido en el Gobierno de Álvarez Areces, mientras Avelino Viejo presta sus servicios eficazmente a todo este tinglado».

Para el diputado del PP, «la depuración y limpieza de la administración de fondos públicos del Gobierno regional exige que personas como el Síndico Mayor, Avelino Viejo, y su secretaria técnica estén cuanto más lejos mejor de su control y fiscalización». No obstante precisa que «el señor Viejo no se puede evadir de explicar ante un tribunal la pasividad y la ceguera con la que ha permitido lo que denuncian sindicatos, letrados y servicios jurídicos del Principado, que tiene un nombre en el Código Penal». Jaime Reinares se refiere a las críticas al sistema que sigue la Administración autonómica para la adjudicación de contratos públicos. Representantes de sindicatos y colectivos de funcionarios censuran que las mesas de contratación están integradas, casi en su totalidad, por cargos de libre designación política, puestos a dedo por el consejero de turno, lo que abre la puerta a que las adjudicaciones sean dirigidas en un determinado sentido que no concuerda con la mejor oferta presentada.

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Nota: ésto se pone interesante. Me alegro de que se empiecen a atrever a hablar. En ésta última noticia, al fondo, los terrenos de Carreño ganados al mar (que dicen los jueces que son de Gijón) y que nos deja una fachada preciosa a modo de muro de las lamentaciones(daños colaterales al márgen). Pero claro, como ya llevo comentando más de un año, ¡no cabía todo!.

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